Contratos, municipios y escalas
• La división territorial actual y la vigente ley de contratación dificultan la buena gestión pública
• La división territorial actual y la vigente ley de contratación dificultan la buena gestión pública
RAMON Folch
«¿ Usted qué haría como primera medida, si pudiera?», me espetó sin rodeos Josep Tarradellas. Corría el año 1977 y Tarradellas acababa de acceder a la presidencia de la Generalitat provisional. Yo era por entonces uno de los pocos funcionarios de carrera de quien se fiaba, con el franquismo sociológico bien instalado aún en el poder. «Modificaría la división territorial de Catalunya y la ley de contratación pública», le contesté. Me miró estupefacto. De aquel joven combativo, sin duda esperaba una respuesta más heroica. Lo cierto es que mi propuesta, basada en la experiencia, era más que heroica: era neurálgica y de difícil ejecución. Tan difícil, que sigue pendiente; tan neurálgica, que por no atenderla se generan a diario incontables conflictos y disfunciones. O sea, que convendría sacarla adelante, hoy todavía más que hace 30 años.El Govern ha decidido crear la figura del evaluador de los informes de importe superior a los 10.000 euros. Es decir, casi todos, porque un estudio técnico de importe inferior no puede pasar de simple opinión argumentada. Estamos hablando de gobernar un país, no una escalera de vecinos. La unidad de cálculo de los presupuestos públicos es el millar de euros, cuando no el millón. Hay que explicarlo a la gente, en lugar de inducirla a mirar lo público con ojos domésticos y, pues, a hallar desproporcionado lo que debe ser grande para resultar justamente proporcionado. Bien está garantizar la transparencia, pero mejor aún es no confundirla con el vacío inmaterial. Desengañémonos, hay que modificar la ley de contratación pública en lugar de incrementar sus ya demasiado numerosas complicadas incoherencias. Ahora, complica lo de por sí complejo. Presupone la perversidad del proveedor y la incompetencia del funcionario. No regula el proceso contractual, lo que estaría muy bien, sino que lo constela de celadas y dificultades que lo encarecen todo sin resolver nada. El resultado final es que los lobis manipuladores internalizan en sus precios los costes de la trampa, los funcionarios o políticos corruptos eluden los controles –a las cotidianas pruebas evidentes me remito– y el grueso de los proveedores y gestores públicos honestos pierden eficiencia y competitividad dedicando tiempo y recursos a una carrera de obstáculos agotadora y absurda. La mejor manera de evidenciar la corrección de un procedimiento se inventó tiempo ha: constatar los resultados y comprobar su coste. Eso hace cualquier empresa o persona que prospera honradamente.Ocurre todo ello en un territorio de 32.000 kilómetros cuadrados, siete millones de habitantes y 946 municipios, de los que 774 (o sea, más del 80%) no llegan a 5.000 habitantes; mientras, unos cinco millones de personas (es decir, más del 70%) viven en los tan solo 45 municipios que superan los 20.000 habitantes. La mayoría de municipios catalanes están fuera de escala. No digo poblaciones, que son unidades humanas y emocionales, sino municipios, que son meros entes administrativos. Las 41 comarcas actuales, o tal vez algunas más, podrían ser los municipios funcionales del siglo XXI, ya que el concepto de municipio se asocia al espacio donde se desarrolla la actividad cotidiana de una comunidad y donde, pues, se abordan y resuelven los problemas de gestión territorial y de prestación de servicios básicos. Dado que ahora tenemos 946, la mayoría fuera de escala, no hay manera de gestionar eficaz y eficientemente el territorio, convertido en un triturado puzle de instalaciones e infraestructuras a medias o sobredimensionadas. Por eso el relanzamiento del Àrea Metropolitana de Barcelona es una buena noticia.¿Cómo se contratan servicios adecuados y de dimensión territorialmente correcta en semejante contexto? Pues de forma no muy satisfactoria. Sobre todo, de forma muy ineficiente. Ahora, las instalaciones y los servicios no pueden tener ni la dimensión ni la ubicación óptimas, mientras que las empresas proveedoras (ingenierías, consultoras, constructoras, instaladoras, etcétera) sufren un calvario contractual y, encima, se ven contraprestadas con colosales retrasos. En lugar de percibir avances, como es habitual en muchos contratos privados, deben depositar avales de garantía, de manera que el contratado empieza pagando y satisfaciendo el IVA de facturas aún no cobradas, porque el contratador le paga con retrasos de dos a seis meses (e incluso más) a contar desde la fecha de entrega, que puede ser muchos meses después del inicio del trabajo. Hay que pasar por interminables procedimientos negociados o concursos y los presupuestos se ven hinchados por obvias razones financieras. Todos pierden.Con una tal división territorial y con semejante procedimiento de contratación, la acción pública queda tocada. Por eso propuse cambiarlos en 1977 cuando era funcionario y por eso sigo proponiendo cambiarlos ahora que soy prestador de servicios. Ver la cuestión desde ambos lados no ha hecho sino incrementar mi convencimiento. Pero nos empeñamos en mantener esos modelos manifiestamente inadecuados y en hacerlos aún más groseros con complicaciones complementarias. Lo pagaremos muy caro.
«¿ Usted qué haría como primera medida, si pudiera?», me espetó sin rodeos Josep Tarradellas. Corría el año 1977 y Tarradellas acababa de acceder a la presidencia de la Generalitat provisional. Yo era por entonces uno de los pocos funcionarios de carrera de quien se fiaba, con el franquismo sociológico bien instalado aún en el poder. «Modificaría la división territorial de Catalunya y la ley de contratación pública», le contesté. Me miró estupefacto. De aquel joven combativo, sin duda esperaba una respuesta más heroica. Lo cierto es que mi propuesta, basada en la experiencia, era más que heroica: era neurálgica y de difícil ejecución. Tan difícil, que sigue pendiente; tan neurálgica, que por no atenderla se generan a diario incontables conflictos y disfunciones. O sea, que convendría sacarla adelante, hoy todavía más que hace 30 años.El Govern ha decidido crear la figura del evaluador de los informes de importe superior a los 10.000 euros. Es decir, casi todos, porque un estudio técnico de importe inferior no puede pasar de simple opinión argumentada. Estamos hablando de gobernar un país, no una escalera de vecinos. La unidad de cálculo de los presupuestos públicos es el millar de euros, cuando no el millón. Hay que explicarlo a la gente, en lugar de inducirla a mirar lo público con ojos domésticos y, pues, a hallar desproporcionado lo que debe ser grande para resultar justamente proporcionado. Bien está garantizar la transparencia, pero mejor aún es no confundirla con el vacío inmaterial. Desengañémonos, hay que modificar la ley de contratación pública en lugar de incrementar sus ya demasiado numerosas complicadas incoherencias. Ahora, complica lo de por sí complejo. Presupone la perversidad del proveedor y la incompetencia del funcionario. No regula el proceso contractual, lo que estaría muy bien, sino que lo constela de celadas y dificultades que lo encarecen todo sin resolver nada. El resultado final es que los lobis manipuladores internalizan en sus precios los costes de la trampa, los funcionarios o políticos corruptos eluden los controles –a las cotidianas pruebas evidentes me remito– y el grueso de los proveedores y gestores públicos honestos pierden eficiencia y competitividad dedicando tiempo y recursos a una carrera de obstáculos agotadora y absurda. La mejor manera de evidenciar la corrección de un procedimiento se inventó tiempo ha: constatar los resultados y comprobar su coste. Eso hace cualquier empresa o persona que prospera honradamente.Ocurre todo ello en un territorio de 32.000 kilómetros cuadrados, siete millones de habitantes y 946 municipios, de los que 774 (o sea, más del 80%) no llegan a 5.000 habitantes; mientras, unos cinco millones de personas (es decir, más del 70%) viven en los tan solo 45 municipios que superan los 20.000 habitantes. La mayoría de municipios catalanes están fuera de escala. No digo poblaciones, que son unidades humanas y emocionales, sino municipios, que son meros entes administrativos. Las 41 comarcas actuales, o tal vez algunas más, podrían ser los municipios funcionales del siglo XXI, ya que el concepto de municipio se asocia al espacio donde se desarrolla la actividad cotidiana de una comunidad y donde, pues, se abordan y resuelven los problemas de gestión territorial y de prestación de servicios básicos. Dado que ahora tenemos 946, la mayoría fuera de escala, no hay manera de gestionar eficaz y eficientemente el territorio, convertido en un triturado puzle de instalaciones e infraestructuras a medias o sobredimensionadas. Por eso el relanzamiento del Àrea Metropolitana de Barcelona es una buena noticia.¿Cómo se contratan servicios adecuados y de dimensión territorialmente correcta en semejante contexto? Pues de forma no muy satisfactoria. Sobre todo, de forma muy ineficiente. Ahora, las instalaciones y los servicios no pueden tener ni la dimensión ni la ubicación óptimas, mientras que las empresas proveedoras (ingenierías, consultoras, constructoras, instaladoras, etcétera) sufren un calvario contractual y, encima, se ven contraprestadas con colosales retrasos. En lugar de percibir avances, como es habitual en muchos contratos privados, deben depositar avales de garantía, de manera que el contratado empieza pagando y satisfaciendo el IVA de facturas aún no cobradas, porque el contratador le paga con retrasos de dos a seis meses (e incluso más) a contar desde la fecha de entrega, que puede ser muchos meses después del inicio del trabajo. Hay que pasar por interminables procedimientos negociados o concursos y los presupuestos se ven hinchados por obvias razones financieras. Todos pierden.Con una tal división territorial y con semejante procedimiento de contratación, la acción pública queda tocada. Por eso propuse cambiarlos en 1977 cuando era funcionario y por eso sigo proponiendo cambiarlos ahora que soy prestador de servicios. Ver la cuestión desde ambos lados no ha hecho sino incrementar mi convencimiento. Pero nos empeñamos en mantener esos modelos manifiestamente inadecuados y en hacerlos aún más groseros con complicaciones complementarias. Lo pagaremos muy caro.
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